La presidenta electa de México se reúne con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
Nueva interlocutora, mismas promesas. México tendrá un nuevo gobierno el próximo 1 de octubre, pero el compromiso que hizo este lunes la futura mandataria, Claudia Sheinbaum, con los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, es el mismo hecho por su predecesor cuando llegó al poder hace seis años: hacer todo lo posible por encontrarlos y esclarecer el caso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
“Me comprometí a poner toda mi voluntad para dar seguimiento a la búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos”, dijo Sheinbaum en sus redes sociales después de su primer encuentro con las familias. “Vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos, verdad, justicia y dónde están”, insistió a la prensa a la salida de la cita.
No hubo más detalles del encuentro y los padres no se pronunciaron de manera inmediata pero entre ellos cunde la frustración desde hace tiempo porque después de sentirse engañados por la administración en la que desaparecieron sus hijos, la de Enrique Peña Nieto, ahora se sienten traicionados por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que, hace seis años, les prometió lo mismo que hoy promete Sheinbaum.
“Hubo avances importantes y significativos” al inicio del gobierno, reconoció el lunes Vidulfo Rosales, abogado que acompaña a los padres. “Pero cuando la investigación llegó con el Ejército mexicano ya no hubo voluntad para seguir”, agregó
Antes de su cita con Sheinbaum, los padres se reunieron con López Obrador, aunque la tensión con su gobierno ha crecido mucho en el último año ante la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar cientos de documentos solicitados por sus abogados.
Las más recientes declaraciones del mandatario arremetiendo contra los representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos y exculpando al Ejército de todo vínculo con unos hechos que su propio gobierno calificó como “crimen de Estado”, contribuyeron a las tensiones.
La participación de las fuerzas armadas ha sido mencionada por la Fiscalía General de la República, por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.
A casi 10 años del ataque ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, todavía se desconocen muchos detalles y no está claro ni el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos.
Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
Hay decenas de detenidos en este caso, otros arrestados fueron puestos en libertad por errores en el proceso. No hay sentenciados por las desapariciones.
El exprocurador general de México Jesús Murillo Karam es el implicado de más alto rango y está acusado de obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. Un juez le concedió prisión domiciliaria en abril por su estado de salud y por tener más de 75 años.
También hay 16 militares imputados pero la mayoría han conseguido el beneficio de seguir sus procesos en libertad.
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