CANCÚN

Nuevo Enfoque en la Distribución Presupuestaria de Benito Juárez para el 2024

  • “Hacemos justicia social al considerar a la comunidad en el presupuesto 2024: Declaraciones de Sanén”.

Cancún.- El regidor Jorge Sanén Cervantes destacó la innovación en la planificación presupuestaria del municipio, enfocándose en un paquete de obras en el que la ciudadanía tuvo voz y que ha sido incluido en la Ley de Egresos de Benito Juárez.

Sanén, quien también lidera la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos en el Cabildo de Benito Juárez (Cancún), subrayó que la participación de los habitantes es fundamental para impulsar el desarrollo del municipio. Esta participación se erige como un medio para establecer una conexión efectiva entre el gobierno y los ciudadanos, consolidando así experiencias que fortalecen, visibilizan y potencian la labor social, especialmente en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas y programas sociales.

“En reuniones de la semana pasada, se evaluaron y aprobaron las obras. Actualmente, estamos en la tercera fase, revisando proyectos presentados por ciudadanos, abarcando áreas como la recuperación de espacios públicos (42 proyectos), servicios municipales (14), infraestructura rural y urbana (24), movilidad sostenible (14) y obras públicas (76)”, explicó Sanén.

El regidor destacó la asignación de 30 millones de pesos para obras de beneficio social, distribuidos en siete zonas de la ciudad. Este ejercicio busca involucrar a la población en la determinación de la asignación de recursos públicos para abordar las necesidades prioritarias de la comunidad y promover la justicia social.

Sanén Cervantes enfatizó la importancia de la participación ciudadana como elemento crucial para asegurar una democracia participativa. Esto se logra mediante iniciativas populares que reflejen transparencia a través de la rendición de cuentas y el establecimiento de contralorías, garantizando así el acceso a los derechos humanos. Asimismo, subrayó la necesidad de una distribución equitativa y eficiente del financiamiento, no solo en gastos de obras públicas, sino también en la recaudación de fondos para abordar conflictos en ámbitos como la educación, alimentación y salud.

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