Refutan Supuestas Influencias de Diego Castañón en Caso de Despojo de Terrenos en Tulum
Javier Tun Jiménez, el abogado que representa a Cayetano Nieto Colín en el caso de presunto despojo del predio San Arturo, ha salido a desmentir enérgicamente las afirmaciones de algunos medios de comunicación que sostenían que había sido silenciado por las autoridades. En su primera rueda de prensa en Tulum, Tun Jiménez explicó que su anterior ausencia en la ciudad se debía a preocupaciones legítimas por su seguridad personal, ya que desconocía hasta dónde podrían llegar las personas involucradas en lo que él describe como una “mafia inmobiliaria”.
Cuando se le interrogó sobre las presuntas presiones por parte del alcalde Diego Castañón Trejo para mantener en secreto el caso, el abogado negó categóricamente dichas acusaciones y aclaró que su elección de informar sobre los avances de la denuncia desde Playa del Carmen obedecía simplemente a que allí tenía su bufete legal.
Javier Tun Jiménez también hizo hincapié en que Edgardo Díaz Aguilar, el supuesto líder de la mafia inmobiliaria, había acumulado poder durante la administración anterior de Carlos Joaquín González. En vista de esta situación, expresó que había tomado medidas de precaución para evitar exponerse en Tulum, aunque reconoció que no poseía los recursos financieros para costear seguridad privada o guardaespaldas.
El abogado recordó además que la operación de compra de los predios de 179 hectáreas se había llevado a cabo mediante la colaboración de una red de notarios públicos locales que habían empleado documentos falsificados. Según sus palabras, “tanto el poder como la supuesta transacción de compra y venta son fraudulentos; todos los documentos han sido completamente fabricados”.
Es crucial señalar que Edgardo Díaz Aguilar, quien actualmente desempeña el cargo de coordinador de asesores del alcalde Diego Castañón desde abril de este año, enfrenta actualmente una denuncia en su contra bajo el folio 8144/2022, que está siendo investigada por el Ministerio Público de Quintana Roo. Dicha denuncia está relacionada con los delitos de despojo y falsificación de documentos públicos.
